El ganadero manifestó a radio Monumental que con otro socio suyo dieron trabajo a Vicente Ramírez, quien se encargó así de una estancia en la zona de Piribebuy hasta diciembre del año pasado.

El hombre contó que antes de las fiestas de fin de año trataron de comunicarse con él, pero su celular ya daba apagado. Al no tener más conocimiento del mismo, luego de Navidad fueron hasta el establecimiento pero constataron que ya había “pelado” todo; faltaban numerosas maquinarias, muebles y animales.

En su momento lo denunciaron pero no avanzó el caso, porque solo sabían su nombre y no contaban con su número de cédula de identidad. En ese sentido resaltó que Ramírez siempre evitaba dar sus datos personales, alegaba que se había perdido su cédula y esgrimía alguna excusa para no solicitar la expedición de una nueva.

El ganadero indicó que al ver las noticias sobre el cuádruple crimen en la estancia Taguató, quedó aterrorizado pues también iba a su establecimiento con la familia y sin previo aviso. “Con mi colega nos quedamos congelados al ver su cara en las noticias, porque nosotros nos íbamos a la estancia con nuestros hijos y muchas veces nos íbamos sin avisar. Si caíamos en el momento en que alzaban los animales a los camiones, íbamos a tener la misma suerte”, indicó.

El empresario mencionó que en memoria de las personas que resultaron víctimas del capataz, con su socio acercarán su denuncia ante la Fiscalía para colaborar y ayudar a que se haga justicia en el caso.

“SE HACÍA LLAMAR FELIPE”

El comisario Marcelino Espinoza, jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, remarcó que Vicente Ramírez es considerado el cerebro del asesinato de la pareja de septuagenarios y sus nietos de 10 y 7 años , como así del robo de ganado.

“El capataz de la estancia está metido hasta el cuello, hasta podemos decir que habría sido el que mató a su patrón y los demás, sería el que craneó todo esto. Él autorizó e hizo todo el trabajo sucio. Ingresó a la estancia utilizando el nombre ficticio Felipe, vio todo lo que se podía robar y dio aviso a toda su gavilla y entraron”, sostuvo el comisario.

La detención de Alan Josué Quevedo Cáceres (24) en torno al asalto a una pescadería de Mariano Roque Alonso, hizo saltar nuevos detalles de la banda. Uno de estos es la conexión de miembros del grupo con organizaciones criminales de las catalogadas como “pesadas”.

El comisario César Diarte, jefe de Investigaciones de la capital, señaló al respecto de que hay indicios de que Alan Josué, quien entre una de sus profesiones está la de piloto aviador, habría sido reclutado y entrenado para realizar vuelos de transporte de mercaderías ilícitas.

“Hay indicios de que estos jóvenes (que participaron del asalto) fueron reclutados para otros fines, teniendo en cuenta los perfiles que se tiene de ellos”, dijo a la 730 Diarte, al ser abordado sobre las presunciones de que el episodio del atraco, cuentan con conexiones a otros grupos criminales que perpetran hechos más “grandes”.

En este contexto, la pesquisa sobre esta banda detectó que además de Alan Josué que es piloto, hay otro integrante del grupo que también lo es, y que serian narcoaviadores “de repuesto” para operaciones ilegales.

Otra línea de investigación sobre esta pandilla, es la conexión confirmada de cuanto menos uno de los miembros, que participó del sextuple asesinato en la estancia Piky en Amambay, el año pasado.

Te puede interesar: Detienen a joven que quiso cobrar recompensa por datos sobre vehículo robado

Agentes policiales lograron recuperar un vehículo robado y capturaron a un joven que habría intentado aprovecharse de la situación y cobrar una recompensa por brindar los datos para la localización. Se trata de un automóvil Toyota, modelo Caldina, chapa CDB 333, perteneciente a Óscar Salinas Ayala (46), quien hizo su denuncia en la Subcomisaria 12°.

Lea: Incautan más de 500 kilos de marihuana a pocos metros del Puente de la Amistad

El informe policial refiere que el rodado fue hallado abandonado en un terreno baldío, a orillas del Río Monday. Salinas Ayala indicó que un tal Cristian Irepa, de 29 años, lo contactó a través de redes sociales queriendo cobrar la recompensa por facilitar la ubicación de su vehículo.

Sin embargo, varios vecinos manifestaron a los intervinientes que el vehículo fue abandonado en el lugar en horas de la mañana justamente por Irepa, por lo que se procedió a su aprehensión.

El caso fue comunicado al agente fiscal Édgar Benítez Delgado, quien dispuso que el automóvil y el aprehendido fueran trasladados a la Subcomisaria 12°.

Lea más: Opama pide ser incluida en la mesa de diálogo entre el Gobierno y Cetrapam

La acusación fiscal contra Miguel Insfrán, alias Tío Rico, es una muestra de que el Gobierno de Mario Abdo Benítez fue funcional al narcotráfico,a criterio del senador colorado Gustavo Leite.

“Lo que hace la acusación del fiscal Pak es describir lo que nosotros decíamos, pero como cuando entonces éramos minoría, oposición, los leprosos cartistas; los medios y aliados de Marito no decían nada”, opinó el senador Gustavo Leite, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo entablado entre el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán” - asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset- y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal con importantes envíos de drogas al extranjero, a escalas nunca vistas. Cargamentos de toneladas de sustancias ilícitas cayeron en el exterior, dejando al descubierto el nulo control aplicado en nuestro territorio durante la administración anterior.

En la acusación presentada por la Fiscalía, se expone que el origen del mayor operativo de tráfico de drogas en Paraguay se remonta al inicio del gobierno de Abdo Benítez, en el año 2018, cuando Sebastián Marset se instaló en el país. Posteriormente, durante los años 2020 y 2021, junto con “Tío Rico”, fortaleció sus operaciones, consolidando una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos.

Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio llamativamente retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos.

No fue coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de droga escondidos en productos despachados desde el Paraguay. En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de cocaína paraguaya en el viejo continente. Esto es solo lo incautado, que ronda entre 5 a 10% de la exportación en ese periodo, es decir, en total se estima que el narcotráfico habría concretado un envío exitoso de entre 200 a 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y 12.000 millones de dólares.

“De que, durante el Gobierno de Marito, la Senad, en lugar de perseguir a los narcos fue funcional, amiga y filtradora de información clasificada a los narcos, fue y está claramente expresado en la acusación del fiscal Pak”, denunció el senador.

A criterio del legislador de la ANR, quienes estuvieron muy cerca del Gobierno anterior, hoy están preocupados por lo que se viene.

Las toneladas de droga que ingresaron al país, provenientes principalmente de Colombia y Bolivia, para luego ser enviadas a Europa y África, supusieron un mínimo de 500 vuelos -o hasta el doble- que supuestamente nunca fueron detectados por la administración anterior. En cinco años, se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.

Nota relacionada: Oposición se enfrasca en un funcionario e ignora esquema de filtraciones en la era Abdo

En la acusación del fiscal Deny Pak se comprueba el control e influencias decisivas que ejercía la organización narco criminal de Tío Rico y Marset en la Senad que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas -el topo y el líder narco-, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.

En el periodo anterior se crearon varias direcciones y dependencias dentro de la Senad, cuya existencia no tenía soporte técnico ni jurídico. Entre las mismas se encuentra la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT), desde la cual se compartía información con Tío Rico, esto según la propia Fiscalía.

Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, fue la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La institución a su cargo (la Senad), que siguió manejándola luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar la liberación del terreno para operar con total impunidad.

Su implicancia con el mundo narco quedó aún más al descubierto cuando se reveló su nexo con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, vinculado al tráfico de droga y lavado de activos, con quien estuvo a punto de establecer contratos durante su paso por el Ministerio del Interior e, incluso, el sindicado narco le prestó una camioneta para que el exministro fuera de vacaciones al Brasil con su familia. Este escándalo significó su salida del ministerio, pero de igual manera siguió “asesorando” a Mario Abdo en palacio de gobierno hasta el término de su mandato. Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso solo por presunta coima recibida de Marcus Vinicius.

Las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak son la confirmación, documentada, del nexo entre la mafia y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga. “Tío Rico” y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país es difícil de dimensionar, pero con certeza es muy elevado.

Nota relacionada: Senadora Yolanda dice que Zully y Giuzzio también deben ser investigados por filtraciones